La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género es la norma que más recursos de inconstitucionalidad ha recibido en toda la historia de la España democrática. Más de 150 jueces han expuesto sobrados motivos para presentar dichos recursos ante el Tribunal Constitucional. Y todo esto a pesar a ser presentada a bombo y platillo por nuestro feminista presidente de Gobierno.
Las denuncias falsas de maltrato, tanto físico como psicológico, son empleadas por mujeres sin escrúpulos como mecanismo para obtener ventajas de la ruptura del matrimonio, como venganza, y lo que es peor, como instrumento para lograr el distanciamiento de los hijos de los padres. La Ley Integral, además de haber demostrado su escasa eficacia en la lucha contra la violencia de genero (juzgados saturados, multitud de falsas denuncias que impiden investigar seriamente las denuncias reales…), sitúa al hombre en una situación de indefensión ante una denuncia falsa. Por eso, parece que a la Ley Integral podrían exigírsele algunas cosas: igualdad de trato para hombres y mujeres, contundencia ante el maltrato y la misma contundencia ante las denuncias falsas ya que le pueden arruinar la vida a cualquiera.
Para terminar una frase de José Díaz Herrera en su libro El varón castrado: “En el primer año de Ley de Violencia de Género se han detenido a 160.000 hombres sin pruebas y ante sus vecinos. Sin embargo, en nueve de cada diez casos se demuestra judicialmente que es inocente, pero le queda el estigma de maltratador”
