Neutralidad o trágala

Es domingo, y antes de realizar mis ejercicios matutinos, decido acercarme a una cafetería para hojear el periódico y ponerme al día, mientras saboreo un buen cortado. Ideal está libre, leo la portada, vuelvo la página y me encuentro con la carta del director, Eduardo Peralta, con el curioso título: “La neutralidad de los funcionarios”

El director del periódico nos acusa a los funcionarios, pero no a todos sino a “determinados trabajadores” que mantienen “una pertinaz postura”, de agravar el conflicto provocado por la aprobación del decreto de reordenación del sector público andaluz. Enfrentamiento que mantenemos, según el señor Peralta, pese a que los sindicatos UGT y CCOO firmaran un acuerdo con la Junta, cuando estos representan el 75% del sector en la mesa general de la función pública.

CSIF, sindicato mayoritario entre los funcionarios, y el Partido Popular -aquí el periodista relaciona sutilmente sindicato y agrupación política como dejando caer de forma velada que siguen una estrategia común- entienden que el decreto “a su juicio” supone un atropello que vulnera los derechos de los empleados de la Junta. Quieren evitar “dicen” que 25.000 personas que han entrado como enchufados por el PSOE permanezcan para siempre.

En el siguiente párrafo, expone los argumentos de la consejera Carmen Martínez Aguayo y el presidente Griñán, pero aquí es cuando se echan de menos los matices introducidos por expresiones como “a su juicio” o “dicen” que indican opinión, subjetividad o sesgo, y que emplea cuando se refiere al sindicato CSIF y al Partido Popular.

Por último, el director del periódico nos pide que seamos un ejemplo de neutralidad política –volviendo a la idea de vincular las protestas de los funcionarios con el Partido Popular- y dejemos decidir a los tribunales, en lugar de “estar en la calle con altavoces y reivindicar desde una situación de privilegio, con un puesto de trabajo garantizado, parece excesivo cuando en Andalucía tenemos casi un millón de parados cuyas voces no escuchamos, y se encuentran en una situación claramente peor.”

Sr. Peralta, me gustaría precisar varias cosas:

- Entre el personal laboral y funcionario de la Junta de Andalucía existe una amplia mayoría que está en contra del decreto. Utilizar “determinados trabajadores” es emplear el lenguaje de forma torticera porque transmite la noción de que se trata de un grupo minoritario y radical. Exactamente la misma idea que se intenta difundir desde la dirección del PSOE andaluz.

- En relación con los funcionarios, los sindicatos CSIF, USTEA y SAF representan alrededor del 75 % de este personal, y que por tanto son ellos los que tienen la legitimidad para negociar cualquier tipo de norma que afecte a este colectivo.

- No existe ninguna estrategia común entre los funcionarios y el Partido Popular, ni las protestas están orquestadas por este partido; y que su velada acusación de connivencia también coincide con la que desde el PSOE andaluz - ellos de forma palmaria- se intenta transmitir.

- Es un privilegio en tiempo de crisis tener un puesto de trabajo garantizado, pero que también ello lleva aparejado años de estudio, sacrificio y esfuerzo para aprobar unas oposiciones.

- Los funcionarios no somos unos trabajadores insolidarios, preocupados únicamente por mantener sus privilegios en una región con un millón de parados. Hemos sufrido un importante recorte en nuestros magros sueldos para hacer frente a la difícil situación económica (quien escribe esto ha recibido un recorte en sus ingresos de un 7% en el 2010, y para el 2011 le espera, no la congelación de sus sueldos, como nos dijo el presidente Zapatero, sino un nuevo, y oculto, recorte de un 5% a costa de una reducción drástica de las pagas extras).

- Tenemos todo el derecho del mundo de protestar contra un decreto abusivo, que pretende acabar con un modelo de función pública aprobado por la Constitución española, que dota al empleado público de la independencia necesaria para anteponer el interés general a cualquier cálculo partidario (por cierto, eche de menos una mínima referencia a la manifestación en la que participaron más de mil empleados públicos que tuvo lugar pasado miércoles, 17 de noviembre). O lo que es lo mismo, defendemos una Administración al servicio de los andaluces y no de un partido político.

Por todo ello, le ruego encarecidamente, respeto a los funcionarios y rigor y objetividad a la hora de abordar un asunto tan importante como es el futuro de los servicios públicos.

La reordenación del sector público o la “legimitación” del enchufismo

Cuando pienso en los políticos socialistas, especialmente en los que están al frente de la Junta de Andalucía, siempre me acuerdo de Jardiel Poncela – gran novelista y dramaturgo del absurdo que tuvo la desgracia de no militar en la izquierda y ser condenado al olvido - cuando decía “los políticos son como los cines de barrio, primero te hacen entrar y luego te cambian el programa”.

Y digo esto, porque tras casi tres décadas de estar instalados en el gobierno autónomo, cuando sienten que por vez primera hay posibilidades reales de que sean desalojados de él en las próximas elecciones autonómicas, quieren dejar una pesada y peligrosa herencia a los –posiblemente- nuevos inquilinos. Hábil maniobra, aunque carente del más mínimo escrúpulo. De una jugada, en forma de Decreto-Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, podrían manejar la Administración autonómica desde la oposición y colocar definitivamente a los afines.

Entre esta peculiar suerte de trabajadores, seguro que podemos encontrar excelentes profesionales, pero también, y probablemente son mayoría, personas cuyo mayor mérito ha sido su militancia en el PSOE y/o su amistad y/o relación familiar con algún cargo de este partido. Resumiendo: lo que de toda la vida se ha llamado “enchufados”.

Los sindicatos de las subvenciones públicas millonarias: CC.OO. y UGT, empeñados en forrarse a costa de perder totalmente su ya dañada credibilidad ignorando las demandas de los afectados, son los cómplices del abuso de nuestros gobernantes, al firmar un acuerdo para que el decreto salga adelante. Menuda papeleta la de los representantes sindicales en los centros públicos cuando tengan que explicar a sus representados las oscuras razones que han movido a rubricar el acuerdo, y tratar de atajar la catarata de bajas en las afiliaciones entre los empleados públicos de toda la vida.

Nuestros ínclitos gobernantes aducen que la “maniobra” es en pos de una Administración más eficiente. En vista de tan peregrino enfoque de la situación, propongo, ya que la lengua evoluciona con la sociedad, que la Real Academia Española se plantee “enchufismo” como sinónimo de “eficacia”. Cosas más raras se han visto.